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Quienes Somos

La Institución Educativa para Jóvenes y Adultos de la Sabana es el fruto del deseo y la necesidad de apoyo a la promoción humana a través del servicio educativo, especialmente en las comunidades de más bajos recursos económicos y por ende más necesitadas de una capacitación que les permita al terminar su ciclo de enseñanza enfrentarse al medio social y laboral con calidad humana, eficiencia y competitividad.

La Ley General de Educación o ley 115 de 1994 y el decreto reglamentario 1860 del mismo año reglamentan los parámetros educativos en Colombia, dando las pautas para la educación en adultos.

La INSTITUCION EDUCATIVA PARA JOVENES Y ADULTOS DE LA SABANA surgió entonces como parte de la necesidad de una sociedad de jóvenes y adultos que buscaban una metodología flexible que se adaptara a sus niveles cognitivos y de alguna manera  facilitar el acceso a la educación a aquella población adulta o aquella considerada en extra edad por el sistema educativo colombiano.

Nuestra institución educativa se enfoca en orientar a personas adultas y jóvenes que no pueden adaptarse a una formación regular por algún motivo de carácter social, cultural, personal entre otros. Es por eso que nuestra institución se encarga de brindar ese tipo de educación por ciclos que nos permiten a nosotros como institución y a la población estudiantil un fácil y flexible proceso de enseñanza aprendizaje.

LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARA JÓVENES Y ADULTOS DE LA SABANA tuvo sus inicios en 2002 con el nombre de Centro de Educación  Formal para Jóvenes y Adultos del Caribe (CENFOCAR) el cual fue aprobado por la resolución 2260 de 23 de septiembre de 2002, siendo su primer rector TOMMY CABALLERO AYALA, secretaria YASMILE DAZA MONTERROZA y el representante legal JOSE WALTHER PARRADO CORREDOR. Siempre funcionó en la carrera17 Nº 16 – 29 de la calle Chacurì  fue en   diciembre de 2004 cuando el consejo directivo en pleno determinó cambiar el nombre a INSTITUCION EDUCATIVA PARA JOVENES Y ADULTOS DE LA SABANA en cual tuvo aprobación oficial con la resolución del 27 de julio del 2005.